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TRASPOSICIÓN DE DIRECTIVA EUROPEA / El Gobierno aprobó esta semana el anteproyecto de ley que obligará a los ‘servicers’ a tener una política de renegociación de deudas con sus clientes
El Gobierno dio luz verde al anteproyecto de ley que someterá a los servicers a la supervisión del Banco de España. Esta futura normativa regulará a los administradores y compradores de crédito (principalmente grandes fondos de capital riesgo que gestionan carteras de créditos problemáticos de los bancos), tales como Intrum, Blackstone o Hipoges, entre otros.
La ley establecerá las reglas para la renegociación de créditos dudosos y la compraventa de carteras de préstamos morosos que las entidades de crédito realizan habitualmente. Esta legislación traspondrá la directiva europea sobre esta actividad, creando así normas comunes para este mercado, y modificará tanto la Ley de Contratos de Crédito al Consumo como la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario.
Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, el Banco de España supervisará a los compradores de crédito y a los servicers, estableciendo un régimen de infracciones y sanciones correspondiente. «Para proteger a los consumidores, se requieren sistemas internos adecuados de gestión de reclamaciones y una política que asegure la protección y trato justo de los prestatarios», señaló ayer el Ministerio de Economía en un comunicado.
En paralelo, la futura normativa regulará la compraventa de créditos dudosos y contratos de créditos dudosos por entidades de crédito de la Unión Europea sujetas a la normativa española, estableciendo reglas comunes para la operativa de este mercado. El objetivo es mantener las condiciones y derechos de los prestatarios y trasladar las obligaciones de transparencia, protección e información, incluyendo el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas a los que el acreedor inicial estuviera adherido.
El proyecto normativo establece garantías adicionales para la protección de los prestatarios, obligando tanto a los compradores como a los servicers a proporcionar un trato «adecuado» e información «suficiente». También deberán contar con un servicio de atención al prestatario y de reclamaciones extrajudiciales adecuado. En las normativas sectoriales de crédito al consumo y de crédito inmobiliario, se introduce la obligación de que los prestamistas tengan una política de renegociación de deudas, debiendo ofrecer al prestatario, antes de iniciar acciones judiciales o exigir el pago total de la deuda, medidas para alcanzar acuerdos de renegociación.
La norma establece condiciones especiales para los clientes en situación de vulnerabilidad económica, como los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y las personas que se encuentren por debajo de unos umbrales mínimos de ingresos y en situaciones de vulnerabilidad. La entidad deberá ofrecerles la posibilidad de reembolsar el crédito aplicando una quita o condonación parcial alineada con el importe estimado de la venta del crédito.
Expansión. Madrid