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El histórico grupo de gasolineras Vilalta (Vila-seca) respira gracias a un acuerdo judicial clave con sus más de 150 acreedores.
El Grupo Vilalta, con sede en Vila-seca (Tarragona), ha alcanzado un acuerdo de convenio con sus acreedores para asegurar la continuidad de su red de estaciones de servicio y su actividad de distribución mayorista de carburantes. Este pacto, aprobado judicialmente, ofrece a los acreedores la posibilidad de elegir entre diversas opciones: reducciones de la deuda del 50% o del 25%, o un aplazamiento del 100% de la deuda hasta el año 2028.
Este acuerdo representa un respiro financiero crucial para el tradicional negocio familiar, que se vio forzado a solicitar el concurso de acreedores con una deuda de 22 millones de euros el pasado mes de enero. La solicitud se produjo tras el fracaso en la ejecución de un plan de reestructuración previo y el estancamiento de las negociaciones para establecer un segundo plan.
En esta ocasión, Vilalta se ha comprometido a desprenderse de varios activos inmobiliarios para liquidar parte de sus obligaciones. En concreto, venderá unos terrenos en Cambrils destinados a uso residencial y comercial que han sido recientemente reparcelados, cuyo valor supera los 12 millones de euros. Además, la empresa arrendará dos gasolineras de uso industrial y ha firmado un contrato de alquiler a largo plazo para su hotel y restaurante situados en Vila-seca.
Paralelamente, la compañía tiene la intención de vender por 5 millones de euros la unidad productiva de su filial Ca n’Alzina, en Sabadell, que también se encuentra en concurso. Esta filial abarca la actividad de una gasolinera, un aparcamiento para camiones, un almacén y un restaurante. Todas estas acciones se han ejecutado bajo la supervisión del administrador concursal Octavio Gracia, de la consultora Think it Legal.
La compañía ha logrado ganar tiempo para la devolución de la deuda y ha conseguido reducir su monto total. Entre los acreedores se incluyen más de 150 empresas, diversas entidades bancarias y la Agencia Tributaria (a la que el grupo adeuda 6 millones de euros). La empresa, que cuenta con una plantilla de 50 empleados y nueve gasolineras, prevé facturar 24 millones de euros este año, una cifra muy inferior a los 100 millones alcanzados hace tres años.
Las causas de la insolvencia de la compañía se deben a un plan de inversión fallido, mediante el cual el grupo intentó hace años diversificar su negocio incursionando en el sector de placas solares, redes de cargadores para vehículos eléctricos y un centro de suministro de hidrocarburos.