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En dicha norma, el departamento de Escrivá plantea que, “con carácter general”, los autónomos faciliten una previsión de ingresos al darse de alta en el sistema
La negociación entre el Gobierno y el colectivo de autónomos para modificar su régimen de cotización en función de sus ingresos reales se ha convertido en una carrera de obstáculos, en la que una semana se acerca la posibilidad de un acuerdo y a la siguiente se enfría. Ayer le tocó el turno a lo segundo. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, ha lanzado a consulta pública un proyecto de real decreto para modificar dos reglamentos generales que regulan tanto las inscripciones, altas y bajas en el sistema como aspectos relacionados con la cotización de los autónomos. Una decisión que ayer causó el enfado del colectivo, que acusó al Gobierno de “empezar la casa por la ventana” al someter a audiencia pública un reglamento que debería desarrollar una ley (la que reformará el sistema de cotizaciones para adecuarlo a los ingresos reales) que todavía no existe, que aún se está negociando en el marco del diálogo social y que ni siquiera “ha entrado en el Parlamento”. “Que se esté desarrollando reglamentariamente esto nos parece muy ilógico”, señaló ayer el presidente de la Federación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, quien añadió que “establecer un reglamento de una ley que no existe no es muy serio”.
En dicha norma, el departamento de Escrivá plantea que, “con carácter general”, los autónomos faciliten una previsión de ingresos al darse de alta en el sistema; esto es, “el dato relativo a la declaración de los rendimientos que prevean obtener por su actividad económica o profesional” con el argumento no solo de “identificar más adecuadamente a cada colectivo”, sino también de facilitar los cambios de base de cotización, que el Ministerio de Seguridad Social quiere ampliar hasta seis veces al año en lugar de las cuatro que recoge la normativa actual. Es decir, los autónomos podrán modificar su base de cotización cada dos meses “en función de su previsión de rendimientos económicos”. El texto, que promete además reforzar y agilizar la tramitación de las altas y bajas por medios electrónicos, prevé su entrada en vigor el 2 de enero de 2023, aunque contempla un plazo transitorio para afrontar estos cambios hasta octubre de 2023.
De momento, la iniciativa de Escrivá no cuenta con el respaldo del colectivo: “Nosotros no estamos de acuerdo en apoyar ese reglamento que viene a desarrollar una ley que no existe”, insistió el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien aseguró que “estamos dispuestos a seguir hablando”, pero rechazando que desde el Gobierno se propongan subidas “desmesuradas” de las cuotas de autónomos, máxime en un contexto en el que dos tercios del colectivo aún no ha recuperado lo perdido durante el Covid y un 30% no descarta tener que echar el cierre por su delicada situación, según el último barómetro realizada por ATA.
La Federación de Autónomos, junto a CEOE y Cepyme, plantea que la cuota mínima para autónomos fluctúe entre los 205 y los 400 euros al mes, según los ingresos, entre 2023 y 2025. Ahora, el colectivo se encuentra a la espera de que el Ejecutivo presente una propuesta sobre los tramos. “Quien tiene la pelota en su tejado es el Gobierno y es el que tiene que presentar una propuesta de tramos”, afirmó Amor.
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