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Los tribunales han empezado a anular impagos con el fisco y la Seguridad Social, pero se trata de procedimientos complejos.
La Ley de Segunda Oportunidad se ha consolidado como una vía de escape para quienes atraviesan situaciones económicas extremas. En 2024, alrededor de 50.000 personas y autónomos al borde del colapso financiero recurrieron a este mecanismo. Desde su aprobación en 2015, la ley ha demostrado ser una herramienta eficaz para permitir que los deudores de buena fe —sin antecedentes penales ni sanciones graves— puedan empezar de cero, conservando su vivienda o unos ingresos mínimos. La novedad del último año es que algunos jueces están ampliando su alcance al incluir deudas con Hacienda y la Seguridad Social, tradicionalmente protegidas.
El problema es que la Ley Concursal solo permite exonerar hasta 10.000 euros de deuda con Hacienda y otros 10.000 con la Seguridad Social; el resto debe pagarse. Este límite pretende proteger las arcas públicas, pero en la práctica impide que muchos contribuyentes puedan rehacer su vida. En noviembre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea advirtió a España que este tope carecía de justificación suficiente.
Tras esta sentencia europea, varios jueces españoles han empezado a flexibilizar el criterio. Hace un mes, un ciudadano logró librarse de 220.819 euros de deuda pública en un caso pionero en Cataluña. El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona dejó sin aplicar los límites de la Ley de Segunda Oportunidad y valoró la situación de vulnerabilidad del afectado: un hombre de 54 años, con dos hijas menores y 979 euros de ingresos mensuales. Su abogado, Pau Chavarria, señala que muchos particulares y autónomos con deudas públicas superiores a 20.000 euros podrán obtener un perdón total y reconstruir su vida sin vivir eternamente embargados.
Casos similares han sido noticia en la prensa jurídica. En junio, un autónomo de Madrid obtuvo la cancelación judicial de más de 150.000 euros de deuda pública; y en Córdoba, un empresario afectado por la crisis inmobiliaria logró eliminar 230.000 euros.
La idea de poder comenzar de nuevo tiene un enorme atractivo mediático, reforzado por la publicidad agresiva de los despachos especializados en la Ley de Segunda Oportunidad. Esto puede llevar a creer erróneamente que obtener la exoneración de deudas —incluso públicas— es algo sencillo.
Sin embargo, los expertos advierten que no es así. Las resoluciones favorables siguen siendo minoritarias y, en muchos casos, la justicia respalda a la Administración. “El TJUE permite limitar la exoneración del crédito público si se hace de forma proporcionada”, explica Miguel Ángel Marchena, de Adara Legal. Algunas Audiencias Provinciales aplican una interpretación estricta del límite de 20.000 euros, lo que reduce el éxito de estos procedimientos.
Alejandro Sanchis, de AMG Legal, reconoce que habrá más sentencias que permitan perdonar deuda pública más allá del límite legal, pero insiste en que el recorrido sigue siendo complicado. Además, existen criterios distintos entre juzgados, incluso dentro de la misma ciudad.
A la dificultad jurídica se suman elementos formales: aunque la Ley Concursal no exige notificar por email a los acreedores, en Barcelona o Zaragoza los jueces lo exigen como práctica habitual, lo que puede frustrar un proceso entero. El camino de la segunda oportunidad sigue sin ser sencillo.
La falta de consenso entre los jueces anticipa una futura intervención del Tribunal Supremo. Un ejemplo es Alicante: en mayo de 2025, un juez perdonó 5.000 euros y la mitad del resto de la deuda pública de un ciudadano con más de 22.377 euros pendientes, independientemente del organismo acreedor. Pero en septiembre, la Audiencia Provincial anuló este criterio.