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HASTA NOVIEMBRE/ Pese al crecimiento del PIB, las insolvencias empresariales se disparan, con 8.397 procesos concursales en los once primeros meses, un 25% más que en igual periodo de 2023.
A pesar del robusto crecimiento que reflejan las estadísticas del INE en el último cuatrienio, periodo en el que la economía española se ha recuperado con fuerza de la crisis del Covid, avanzando primero como una “moto” y después como un “cohete”, en palabras de Pedro Sánchez, y de que España será una de las economías desarrolladas que más crecerá en 2024, lo cierto es que esa bonanza macroeconómica no se refleja en una parte significativa del tejido empresarial español, abocado a la suspensión de pagos y, en muchos casos, a la disolución por problemas de insolvencia. Entre enero y noviembre de este año, el número de procesos concursales se ha disparado un 25,4% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar los 8.397, más que en todo 2023 y la cifra más alta de los últimos diez años, según el último estudio de Informa D&B sobre procedimientos concursales y disoluciones en nuestro país. Para encontrar una cifra más alta habría que remontarse a 2013, cuando se registraron 9.310 concursos.
De la cifra total, el grueso corresponde a concursos de acreedores, que entre enero y noviembre aumentaron un 12,4%, hasta situarse en 6.684, dato que es una mala noticia porque quienes incurren en la antigua suspensión de pagos tienen grandes posibilidades de acabar en liquidación. En segundo lugar se sitúan los procedimientos especiales para microempresas, que se han catapultado un 225,8%, hasta alcanzar los 1.398, ya que las pymes fueron la figura estrella que introdujo la nueva Ley Concursal que entró en vigor en septiembre de 2022 con el fin, precisamente, de evitar que las empresas con visos de viabilidad entraran en concurso, se redujeron un 1,8%, hasta los 315. Y aunque las disoluciones menguaron un tímido 0,3%, un total de 25.587 negocios echaron el cierre hasta noviembre.
Las causas de este descalce entre la rutilante marcha de las estadísticas macroeconómicas y la difícil situación micro de muchas compañías son múltiples. De un lado, el fuerte encarecimiento de la financiación registrado a partir de julio de 2022 en el marco de la terapia de choque desplegada por el BCE para combatir la inflación y que solo empezó a atenuarse en junio pasado, con tres recortes de tipos desde entonces, aunque para quienes se endeudaron a los precios más altos esa relajación llegó tarde. Ello sin olvidar que muchas pymes y autónomos no han podido afrontar la devolución de los créditos ICO otorgados durante la crisis del Covid. Y de otro, las secuelas de la crisis energética e inflacionaria, que disparó los costes operativos.
J. Díaz, Madrid