El deudor, no debe haber participado en actividades que  hayan contribuido de manera  deliberada a su estado de  insolvencia.

Además, se exige que el  solicitante no haya sido  previamente declarado culpable de delitos  económicos. Esto incluye  conductas como el fraude, la malversación de fondos u otras prácticas ilícitas que puedan  afectar negativamente a sus  acreedores.

Otro requisito importante es  demostrar la incapacidad real  para hacer frente a las deudas.  Esto implica evidenciar que,  con los ingresos actuales y  previstos en el futuro cercano,  resulta imposible cumplir con  las obligaciones financieras existentes. Esta demostración  de falta de viabilidad  financiera es crucial para justificar la necesidad de  acceder al proceso de segunda  oportunidad y obtener el alivio  de la carga de las deudas.