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Alfonsa no podía creérselo cuando, tras más de dos años y medio de espera, recibió la llamada de su abogado: «Ya no debes nada, Alfonsa», le dijo. «Fue increíble. Habían sido más de seis años de hundimiento económico sin darme cuenta», recuerda esta mujer de 68 años, que lleva dos ya retirada del mundo laboral.
«Todo comenzó cuando finalmente conseguí un contrato de trabajo y empecé a cobrar una nómina. Con ese respaldo, me animé a comprar a plazos una buena aspiradora, luego un par de colchones y otros objetos, que iba pagando poco a poco. Terminaba de pagar una cosa y me metía en otra», cuenta. «Cuando me informaron del total de lo que debía, me quedé paralizada: ‘¡Dios mío, ¿cómo voy a salir de esto?!’. Vivía angustiada, con esa preocupación constante». Sin darse cuenta, entre intereses y recargos, la deuda llegó a los 20.000 euros.
El motivo por el que Alfonsa pudo finalmente retirarse con tranquilidad, tras más de diez años de agobios, fue que su hija encontró un despacho de abogados especializados en la Ley de Segunda Oportunidad. La convenció para que acudieran en busca de una solución.
«Nos dijeron que reunía todos los requisitos para beneficiarme de esta ley. Yo, la verdad, no sabía exactamente cuánto debía, porque siempre pagaba cada mes. Pero al parecer, solo abonaba intereses sin saberlo», explica. «Me parecía extraño que nunca acabara de saldar la deuda, porque no recordaba haber gastado tanto. Resultó que estaba pagando tres o cuatro veces más de lo que costaban los productos».
Alfonsa no destinó ese dinero a lujos ni caprichos. Todo fue para objetos básicos: la aspiradora, los colchones. Las dificultades empezaron cuando tuvo que cogerse la baja laboral por una operación de cadera y problemas de espalda. «Durante años trabajé limpiando en dos sitios: un colegio y unas instalaciones de los Mossos d’Esquadra», comenta. Ganaba unos 900 euros en total, con lo justo para vivir y cubrir las cuotas.
Pero tras agotar los 500 días de baja, pasó a percibir solo un sueldo de una de las dos empresas, por lo que sus ingresos se redujeron más de la mitad. «Apenas podía cubrir la comida y los gastos básicos. Ya no me alcanzaba para pagar los plazos», relata. Desde entonces vive con su hijo, que regresó a casa tras divorciarse.
Poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad le ha permitido disfrutar de una jubilación en paz. Borja Pardo, abogado y miembro del grupo de trabajo sobre esta ley en el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), explica que esta herramienta legal está pensada para proteger la pensión de quienes, con ella, pueden vivir pero no afrontar deudas acumuladas. “Los requisitos son, en realidad, bastante accesibles. El 99 % de la población podría cumplirlos”, afirma.
Pardo subraya que el solicitante debe ser un «deudor de buena fe», es decir, que la insolvencia no se haya provocado de forma intencionada o fraudulenta. También se exige no haber sido condenado por delitos económicos, no haber cometido infracciones graves contra Hacienda o la Seguridad Social, y que, si hubo una empresa en quiebra, se demuestre que no hubo mala gestión intencionada.
Esta ley, vigente desde 2015, ha permitido borrar deudas a personas avalistas de familiares o con créditos de consumo y tarjetas, que en su momento eran asumibles pero luego se volvieron insostenibles por pérdida de ingresos.
Según los datos del ICAB, el perfil más común de quienes acceden a esta solución legal es el de hombres de entre 30 y 70 años, aunque la edad media está bajando. La deuda media exonerada ronda los 50.000 euros, aunque en los últimos años ha disminuido ligeramente.