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El Banco Central Europeo (BCE) califica de “desproporcionada” la rebaja a 1.000 euros del límite de los pagos en efectivo.
En el marco de la legislación para la prevención y la lucha contra el fraude fiscal en vigor en España desde julio de 2021. En un dictamen de la institución que supervisa, advierte además del impacto “adverso e indeseable” en el estado de curso legal de los billetes en euros.
Los dictámenes del BCE son opiniones de la autoridad monetaria, pero no son vinculantes. La recomendación del organismo europeo, sin embargo, se considera de gran importancia por todos los agentes del sistema financiero y el resto de instituciones. Y la nueva regulación española no cuenta con su aval.
“El BCE considera desproporcionada la reducción del límite de los pagos en efectivo a 1.000 euros en operaciones en las que cualquiera de las partes actúa en calidad profesional o empresarial”, opina el banco central, que considera que dicho tope reduce significativamente la capacidad de los pagadores para utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar, informa Europa Press.
Discriminación
Asimismo, el BCE señala que al ampliar a 10.000 euros el límite admitido para los pagos en efectivo realizados por personas físicas que no actúan en calidad profesional o comercial y que tampoco son residentes fiscales en España, “discrimina los pagos realizados por residentes frente a los realizados por no residentes”.
Por otro lado, el banco central considera que el régimen sancionador establecido por la Ley “parece excesivo” y, advierte de que, en particular, la multa del 25% del importe pagado, “parece desproporcionadamente elevada”.
Si bien el instituto emisor considera que el objetivo de la Ley de prevenir y combatir la evasión fiscal puede, en general, constituir una “razón pública” que justifique el establecimiento de limitaciones a los pagos en efectivo, recuerda que al limitar la posibilidad de cumplir con carácter general una obligación de pago en billetes y monedas de euro, “los Estados miembros deben velar por que las medidas adoptadas se ajusten al principio de proporcionalidad”.
El BCE considera que la legislación no aborda en la exposición de motivos el impacto social y el riesgo de exclusión financiera que resultaría de la reducción del anterior límite de 2.500 euros para los pagos en efectivo, además de señalar que tampoco proporciona pruebas claras de que con dicho límite sea, de hecho, probable lograr el objetivo público declarado ni se indica si se podrían haber adoptado medidas alternativas con un impacto menos adverso.
“El umbral para la prohibición prevista de transacciones de consumidor a empresa y de empresa a empresa debe establecerse lo suficientemente alto para evitar un impacto fáctico que conduzca a la abolición de los billetes en euros”, concluye.
Fuente: EXPANSIÓN