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Aunque la economía ha despegado con fuerza en el último año y medio, acelerándose de forma progresiva con la vuelta a la normalidad tras los instantes más duros de la pandemia, muchas empresas todavía no han salido de la crisis y, de hecho, viven momentos todavía muy complicados. Esto se pone de manifiesto en el hecho de que el 4,8% de las facturas resultan impagadas, de acuerdo con los datos de 2021 que publicó ayer la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que alertó de que el 27% de las empresas creen que la viabilidad de su negocio se verá comprometida si la situación financiera se mantiene tensa.
La economía se ha recuperado de buena parte de la crisis del coronavirus. El empleo ya está en niveles más altos que el estallido de la pandemia y la facturación empresarial ya alcanza las cifras de 2019, mientras que el PIB ha revertido la mitad del recorte que sufrió hace dos años… pero todo ello apenas ha aliviado la situación de muchas compañías. De hecho, el 4,8% de las facturas resultan impagadas, debido a la dificultad de numerosas empresas para seguir operando ante las numerosas restricciones (suyas o de sus contratistas) que se han visto obligadas a afrontar en los últimos años. Esta cifra queda apenas seis décimas por debajo de los datos del año anterior y sustancialmente por encima de la media de los 5 años anteriores, del 3%.
Esto pone en un brete a muchas empresas, de acuerdo con la PMcM ya que el aumento de las facturas sin pagar es especialmente problemático en un momento en el que los costes de producción están disparados, la demanda está lastrada y la capacidad operativa de la empresa se encuentra en una situación complicada por el goteo de bajas por el coronavirus, las restricciones sanitarias y la escasez de determinados suministros. Por ello, el 27% de los encuestados considera que su negocio sería inviable si los problemas en el cobro de las facturas se mantuvieran en los próximos meses.
En este sentido, el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, advirtió de una posible oleada de quiebras entre las empresas una vez que acabe la moratoria de los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a la situación derivada de la pandemia. “Cuando esto ocurra vamos a asistir a una ruptura de la cadena de pagos importante; no olvidemos que medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”, alertó. Esto se debe a que muchas empresas han utilizado las herramientas financieras puestas en marcha por el Gobierno para pagar sus cuentas pero, si la situación se alarga, ya no podrán hacerlo, trasladando los problemas a sus proveedores en la cadena de pagos, lo que generaría un gran número de quiebras.
Paradójicamente, el número de impagos se mantiene en cifras relativamente elevadas en un momento en el que la morosidad (esto es, el retraso en el pago de las facturas) cae con bastante fuerza. ¿A qué se debe esta disonancia entre las dos variables clave del pago de facturas? Por un lado, a que los problemas financieros están concentrados en algunas empresas de sectores concretos, mientras que el resto pueden pagar a tiempo, al menos si los problemas no se generalizan. Por otro, Cañete apunta a que las medidas de liquidez se han condicionado al pago de las facturas a los proveedores, lo que ha aumentado la celeridad en el pago.
Morosidad
En concreto, el plazo de pago medio de las facturas entre las empresas del sector privado se ha reducido de 77 días en 2020 a 72 días el año pasado, la menor cifra de la serie histórica. Sin embargo, hay grandes diferencias entre compañías, ya que son las empresas más grandes las que más estiran los plazos de pago. En concreto, solo una de cada cinco grandes empresas paga dentro del plazo legal de 60 días, mientras que un 38% lo hace en un periodo de entre 60 y 90 días, y un 42% paga a más de 90 días. En cambio, el 49% de las pymes paga antes de 60 días, por solo el 5% que paga por encima de los 90.
Y también el sector público ha reducido sustancialmente sus plazos de pago, de 77 días en 2020 a 61 días el año pasado, la cifra más baja de la serie, aunque todavía más del doble que el plazo legal, que en el caso de la Administración se sitúa en 30 días. Dentro de este ámbito, sucede lo contrario de lo que ocurre en el ámbito privado, ya que son las entidades más pequeñas las que más tardan en pagar. El 48% de los encuestados asegura que la Administración Local es la que más tarda (solo el 24% de las ocasiones lo hace dentro del plazo legal), seguida de las comunidades autónomas (33%) y la Administración Central (19%).
¿A qué se debe esta mayor morosidad por parte de los ayuntamientos y entidades locales? A que los proveedores de este tipo de entidades normalmente están cautivos, ya que la mayor parte de su facturación depende de ese único cliente, por lo que evitan plantarse ante ellos por miedo a perderlos y aceptan condiciones abusivas por su parte. De hecho, el año pasado el 66% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley.
Además, el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigen intereses de demora y el 92% de los proveedores no exige la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago, y ello pese a que el 64% de los encuestados asegura conocer la legislación existente. Y el 16% de las compañías está experimentando un aumento del ofrecimiento del confirming por parte de sus proveedores, lo que supone un alargamiento del plazo real de cobro o una merma en los ingresos.
Pablo Cerezal. Madrid-Expansión