935 851 265 
621 253 220 
El fuerte encarecimiento de la financiación y la devolución de los créditos ICO se le ha atragantado al tejido empresarial español, donde los concursos de acreedores han repuntado con fuerza en el arranque de 2024 ante unos problemas de solvencia que van in crescendo. Entre enero y marzo, un total de 1.850 empresas se han visto abocadas a solicitar la antigua suspensión de pagos, un 40,3% más que en el mismo periodo del año pasado, según el último informe trimestral sobre procedimientos concursales y disoluciones de Informa D&B, publicado ayer. Se acelera así la tendencia observada en enero y febrero, cuando los concursos empresariales se dispararon un 35,7%, preludiando una evolución aciaga este año. De hecho, solo en marzo los concursos se catapultaron hasta los 601, un 51% más que en el mismo mes del año pasado (398).
Aunque la economía española está mostrando resiliencia en un contexto de desaceleración general de la actividad en Europa, el mapa empresarial español, compuesto mayoritariamente por pymes, está sintiendo el zarpazo de la subida de los tipos de interés, con unos mayores costes de financiación que, sumados a la resistencia de muchos acreedores a la negociación preconcursal en el caso de los créditos avalados por el ICO, está condenando a muchos negocios al concurso. Y a ello se añaden las secuelas de la crisis inflacionaria y de costes operativos, así como las crecientes cargas laborales por la vía del incremento de las cotizaciones sociales y del SMI. Todo ello en un contexto en el que si bien el retraso medio en los pagos entre empresas se suavizó ligeramente el año pasado, ese tibio descenso se vio neutralizado por la subida de los tipos de interés, que elevó de forma significativa el esfuerzo que necesitan hacer las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, para financiar las facturas por cobrar, esfuerzo financiero que, según Cepyme, alcanzó en 2023 su nivel más alto en casi 15 años, con 2.630 millones en el cuarto trimestre en términos anualizados, un 50% más que en 2022 y un 119% más que a finales de 2021.
Con este telón de fondo, las concursos de acreedores volvieron a cebarse una vez más en los negocios más pequeños. De hecho, en marzo, el 84% de las suspensiones de pagos se concentraron en microempresas (menos de diez empleados), protagonizando 506 concursos de los 601 totales, frente a las 75 empresas pequeñas que suspendieron pagos o las 18 de tamaño medio que lo hicieron.
El número de negocios con problemas de solvencia es aún mayor si se contabilizan las empresas que han recurrido a las válvulas de escape que ofrece la nueva Ley Concursal para evitar, precisamente, la entrada en concurso; esto es, los planes de reestructuración y los procedimientos especiales para microempresas. Con ellos, la cifra de compañías en apuros se dispara hasta las 2.282, un 57,8% más que el primer trimestre de 2023. De esa cifra, apenas 80 fueron planes de reestructuración, que disminuyeron un 32,7% respecto a los tres primeros meses del año pasado, mientras que, por contra, los procedimientos específicos para micropymes se auparon hasta los 352 frente a los exiguos 9 registrados en el primer trimestre de 2023, cuando ese mecanismo acababa de echar a andar (entró en vigor el 1 de enero de ese año).
Con todo, los concursos de acreedores siguen siendo el procedimiento abrumadoramente mayoritario, el 81%, lo que evidencia que, de momento, la ley no ha logrado su objetivo reducir de forma significativa ese desenlace, que para la mayoría de empresas es el camino más recto hacia la liquidación. Todo ello sin olvidar que en los primeros tres meses de este año se disolvieron 10.052 empresas, aun así un 5,1% menos que en igual periodo del año pasado.
Aunque el repunte de las insolvencias en el primer trimestre ha sido generalizado, con las únicas excepciones de Aragón y Baleares, donde disminuyeron un 19,2% y un 18,7%, respectivamente, no han golpeado con igual intensidad a todos los territorios. En términos absolutos, Cataluña fue la región más afectada por las antiguas suspensiones de pago, con 546 negocios en esta situación, un 52% más; seguida de lejos por Madrid, con 280 concursos empresariales y un incremento del 19,6%; Comunidad Valenciana, con 242 (+13,6%), y Andalucía, con 186 (+32,8%).
Las empresas que entraron en concurso de acreedores en el primer trimestre suman unas ventas anuales de 2.552 millones de euros y dan empleo a 13.749 personas, mientras que las que iniciaron un plan de reestructuración facturan alrededor de 669 millones y emplean a 1.880 trabajadores. Estas cifras palidecen ante las que ofrecen aquellas 10.052 que dejaron de existir, que contaban con una plantilla conjunta de 40.734 empleados y unas ventas superiores a los 4.442 millones de euros.
Aunque las compañías afectadas por concursos pertenecen a todo tipo de sectores de actividad, el comercio aglutinó el mayor volumen de suspensiones de pago, con 468 negocios en concurso, un 48,5% más; seguido de la construcción y los servicios inmobiliarios, con 366 insolvencias, un 45,8% más; y la hostelería, con 221 (+47,3%).
J. Díaz. Madrid
Fuente: Expansión