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El mecanismo de la segunda oportunidad posibilita que con ayuda de un abogado personas con deudas inferiores a los cinco millones de euros puedan llegar a un acuerdo extrajudicial con su acreedor o a la cancelación total o parcial de sus deudas.
Este proceso está tutelado por un juez; el deudor podrá liquidar sus bienes para abonar sus deudas, o pactar un calendario de pagos; el plazo para pagar las deudas no podrá exceder de diez años. Posteriormente, se abrirá un proceso judicial que puede concluir con una exoneración de la deuda.
Esta herramienta, según el Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Consejo de la Abogacía Catalana, sigue estando infrautilizada. Por eso, han puesto en marcha una campaña para promocionarla como herramienta útil y eficaz a disposición de las personas físicas insolventes:
«Cuando es la abogacía la que pone de manifiesto esta necesidad, muchas veces la gente piensa que lo hacemos en nuestro beneficio, y no es así; es en beneficio de la gente porque es un mecanismo eficaz.»
En España, durante el 2017 sólo hubo 1.270 procedimientos de esta ley. En Alemania, en cambio, hubo 107.000 y en Francia, 180.000.
Para beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad, se requiere contar con deudas que involucren al menos a dos acreedores distintos. Dichas deudas pueden haber sido contraídas con una variedad de entidades, incluyendo proveedores, instituciones financieras, organismos fiscales como Hacienda, la Seguridad Social, entre otros. En otras palabras, los acreedores pueden ser tanto individuos como entidades estatales. Esta condición refleja la amplitud de situaciones financieras que pueden dar lugar a la necesidad de recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad y garantiza que las disposiciones de la misma estén disponibles para una gama diversa de deudores, independientemente de la naturaleza o el origen de sus obligaciones financieras.
La Ley de Segunda Oportunidad ofrece un camino legal para que autónomos y particulares en situación de insolvencia puedan liberarse de sus deudas y empezar de nuevo. Sin embargo, acceder a sus beneficios conlleva cumplir una serie de requisitos: La ley está orientada a ofrecer una solución legal a individuos y trabajadores autónomos que se encuentran en situaciones financieras difíciles. Es necesario tener deudas pendientes con al menos dos acreedores distintos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad Además, la persona debe evidenciar su incapacidad para saldar estas deudas con los ingresos que percibe en la actualidad. La persona debe demostrar su incapacidad para saldar sus deudas utilizando sus ingresos actuales. Se excluye a quienes hayan sido condenados por delitos financieros. Es necesario demostrar que la insolvencia no es resultado de acciones fraudulentas y que se ha actuado de buena fe en todo momento. No haber utilizado la Ley de Segunda Oportunidad o similar en los últimos 10 años. No se permite el abuso repetido del sistema.
Ser insolvente implica no poder cumplir con las obligaciones financieras en el momento debido, lo que puede desencadenar procesos legales como la declaración de quiebra o la búsqueda de soluciones a través de la Ley de Segunda Oportunidad.
La Ley establece ciertos criterios para definir al deudor de buena fe. En general, se considera que el deudor actúa de buena fe cuando ha realizado esfuerzos razonables para cumplir con sus obligaciones financieras y busca resolver su situación de sobreendeudamiento de manera honesta y responsable. Esto puede incluir el intento de negociar con los acreedores, buscar asesoramiento financiero adecuado y colaborar activamente en el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad. La buena fe también puede implicar evitar comportamientos fraudulentos o abusivos que contribuyan a la situación de insolvencia. En resumen, la buena fe se refiere a la actitud y acciones del deudor hacia la resolución de sus deudas, demostrando honestidad, diligencia y compromiso en el proceso.
Al concluir la segunda oportunidad, el nombre de la persona desaparecerá de estos registros, como el ASNEF o CIRBE. Es uno de los beneficios de esta herramienta. La Ley de Segunda Oportunidad ofrece un nuevo comienzo, incluso en los registros de morosos. Sin embargo, los datos seguirán en ciertos registros. Si se ha llegado a un acuerdo de pagos y se beneficia del BEPI, el nombre estará en el Registro Público Concursal y en el Registro Público de Resoluciones Concursales.
La exoneración parcial de deudas mediante un plan de pagos permite mantener la vivienda familiar sin vender activos. Una parte de las deudas se cancela y el resto se paga en cuotas durante un período, adaptado a la capacidad financiera del deudor.
